Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066)

El artículo 14 de la Ley 20.066 tipifica el maltrato habitual como la conducta de quien ejerza, de manera reiterada, violencia física o psíquica sobre un integrante del grupo familiar. La habitualidad es el elemento central del tipo: no basta un hecho aislado, sino que el Ministerio Público debe acreditar un patrón de conducta sostenido en el tiempo. Este es el delito VIF más frecuente en Chile y el que concentra la mayor parte de las investigaciones abiertas por violencia al interior del hogar.

Cuando el maltrato VIF consiste en actos que producen daño físico, el tipo penal aplicable suele ser el de lesiones del Código Penal (arts. 395 a 403), agravado por el artículo 400, que eleva la pena en un grado cuando la víctima tiene respecto al autor alguna de las relaciones que define la Ley 20.066. Esta agravación puede transformar unas lesiones menos graves —que en contexto ordinario tendrían pena de multa— en un delito con pena de presidio. La calificación de la gravedad de las lesiones, basada principalmente en el informe médico legal, es determinante para la estrategia de defensa.

Las amenazas —sancionadas por los artículos 296 a 298 del Código Penal— adquieren mayor gravedad cuando se cometen en contexto de VIF, pues el artículo 400 del Código Penal vuelve a operar como agravante. Estas causas son muy frecuentes y suelen iniciarse por denuncias telefónicas, mensajes de texto, audios de WhatsApp o publicaciones en redes sociales. El medio de comunicación digital se ha convertido en el principal soporte probatorio de este tipo de imputaciones.

Una de las consecuencias más inmediatas de una denuncia o formalización por VIF es la imposición de medidas cautelares, que pueden afectar gravemente la vida diaria del imputado: prohibición de acercarse a la víctima o al hogar común, arresto nocturno, prohibición de porte de armas, incluso prisión preventiva en casos graves. Estas medidas son decretadas por el Juzgado de Garantía y pueden ser impugnadas o modificadas mediante audiencias específicas. Una defensa activa desde el inicio puede limitar su alcance o lograr su alzamiento.

En causas VIF, la ley restringe pero no elimina la posibilidad de salidas alternativas. La suspensión condicional del procedimiento es aplicable cuando el imputado no registra condenas previas y el fiscal y el juez consideran que el riesgo de reiteración puede ser controlado mediante condiciones. Los acuerdos reparatorios, en cambio, están expresamente prohibidos en causas de VIF por el artículo 19 de la Ley 20.066, salvo excepciones muy calificadas. Conocer estas restricciones es fundamental para orientar correctamente la estrategia defensiva desde el inicio.