Abogados Especialistas en Liquidación de Empresas y Personas Deudoras

La Ley 20.720 establece dos tipos principales de liquidación según quien la solicite y las circunstancias del deudor. La liquidación voluntaria es solicitada por el propio deudor cuando reconoce su insolvencia, puede ser empresa o persona natural, requiere demostrar cesación de pagos o patrimonio insuficiente, y el deudor mantiene cierto control inicial sobre el proceso evitando calificación como deudor doloso o culpable. La liquidación forzosa es solicitada por uno o más acreedores contra el deudor, requiere acreditar cesación de pagos, puede ser declarada tras fracaso de reorganización, el deudor pierde completamente el control sobre su patrimonio, y puede dar lugar a calificación de quiebra culpable o fraudulenta.

El procedimiento de liquidación sigue etapas claramente definidas en la Ley 20.720 y es supervisado por un liquidador designado por el tribunal. Las etapas incluyen presentación de solicitud (voluntaria o forzosa) ante tribunal competente, resolución de liquidación que produce inmediato desasimiento del deudor, designación del liquidador (veedor o martillero inscrito), incautación de bienes del deudor por el liquidador, verificación de créditos donde acreedores presentan sus acreencias, confección de nómina de créditos reconocidos con posibles impugnaciones, realización de activos mediante remate público o venta directa autorizada, distribución del producto según orden de prelación legal, y término de la liquidación con exoneración legal si corresponde.

La resolución de liquidación produce efectos inmediatos y significativos sobre el deudor y su patrimonio. El deudor sufre desasimiento, pierde administración de sus bienes que pasan al liquidador, no puede celebrar contratos sobre bienes de la masa, se suspenden juicios ejecutivos individuales, las deudas dejan de devengar intereses (salvo créditos con garantía real), no puede ser gerente o director de SA, y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos relacionados con administración de fondos. Los acreedores deben verificar sus créditos ante el liquidador, se suspenden sus acciones ejecutivas individuales, concurren colectivamente al reparto de fondos, se respeta orden de prelación legal, y los con garantías reales conservan preferencia.

Los créditos se pagan siguiendo un orden de prelación legal establecido en el Código Civil. No todos los acreedores tienen el mismo derecho algunos tienen preferencia sobre otros. El orden es: 1° costas judiciales del procedimiento concursal, 2° remuneraciones de trabajadores e indemnizaciones laborales, 3° cotizaciones previsionales adeudadas, 4° créditos con garantía real (hipoteca, prenda) sobre bienes específicos, 5° créditos del Fisco y Municipalidades, 6° obligaciones alimenticias, 7° créditos valistas (sin preferencia) que se pagan a prorrata. Frecuentemente solo los primeros créditos preferentes logran pagarse total o parcialmente, quedando los valistas sin recuperar dinero o recibiendo un porcentaje mínimo.