Abogados Expertos en Reorganización y Reestructuración de Empresas

La reorganización está disponible para empresas que cumplan ciertos requisitos y se encuentren en situación de insolvencia actual o inminente. Los requisitos incluyen ser empresa deudora (persona jurídica o natural empresario) con dos o más acreedores, cesación de pagos (imposibilidad de cumplir obligaciones en forma general), insolvencia inminente (previsión fundada de no poder pagar oportunamente), empresa con actividad económica viable pero con problemas financieros, y posibilidad real de recuperación mediante reestructuración. Las señales que indican necesidad incluyen atraso reiterado en pagos, múltiples protestos de documentos, juicios ejecutivos en curso, flujo de caja insuficiente, pérdidas operacionales sostenidas, sobreendeudamiento, dificultades para acceder a crédito, y presión de acreedores principales.

El procedimiento de reorganización está regulado por la Ley 20.720 y busca equilibrar los intereses de la empresa deudora, los acreedores y la continuidad del negocio. Las etapas principales son: solicitud de reorganización ante tribunal competente (voluntaria o forzosa), resolución de reorganización que admite a tramitación, designación de veedor o interventor para supervisar el proceso, período de protección financiera concursal (PFC) con suspensión temporal de acciones judiciales, continuación del giro bajo supervisión, verificación de créditos con presentación de acreencias, elaboración del acuerdo de reorganización judicial (ARJ) o convenio, junta de acreedores para votar el acuerdo, aprobación judicial del acuerdo (homologación), y cumplimiento del acuerdo bajo supervisión del veedor. Existen tres tipos: voluntaria (por la empresa), forzosa (por acreedores con 20% del pasivo), y simplificada (para PYMES con procedimiento abreviado).

El Acuerdo de Reorganización Judicial es el corazón del procedimiento. Establece las condiciones bajo las cuales la empresa reorganizará sus deudas y operaciones para recuperar viabilidad. El contenido puede incluir reestructuración de pasivos (reprogramación de deudas, plazos, tasas), quitas o condonaciones parciales, capitalización de deudas (convertir deudas en capital con acreedores volviéndose socios), entrega de bienes en pago, plan de pagos calendario detallado, cambios en gestión o administración, venta de activos no esenciales, aportes de capital fresco por socios o inversionistas, cambios en modelo de negocio o estrategia comercial, y reducción de costos operacionales. Requiere aprobación por mayoría de 2/3 de acreedores presentes que representen 2/3 del pasivo con derecho a voto. Los acreedores se dividen en clases según naturaleza de créditos.

Durante la reorganización, la empresa goza de Protección Financiera Concursal (PFC) que le permite operar con tranquilidad mientras negocia. Los efectos incluyen suspensión de juicios ejecutivos individuales, prohibición de iniciar nuevos juicios de cobro, no pueden trabarse nuevos embargos, suspensión de ejecución de garantías reales hasta por 90 días prorrogables, suspensión de intereses (salvo garantía real), prohibición de compensación de créditos, y continuidad de contratos esenciales para el giro. Las ventajas principales son continuidad del negocio generando ingresos, protección judicial contra cobros, preservación del valor evitando ventas forzadas, mantención de empleos y relaciones comerciales, negociación colectiva con un solo acuerdo, posibilidad de quitas significativas, flexibilidad con múltiples formas de reestructuración, y posibilidad de atraer nuevos inversionistas. Los riesgos incluyen pérdida parcial de control con supervisión del veedor, costos del proceso, exposición pública que puede afectar reputación, restricciones operacionales, y riesgo de liquidación si no se aprueba el ARJ.