Abogados Especialistas en Renegociación de Deudas para Personas

La renegociación está disponible para personas naturales que cumplan ciertos requisitos establecidos en la ley. Los requisitos incluyen ser persona natural (no empresas ni sociedades), tener deudas vigentes con dos o más acreedores, encontrarse en situación de insolvencia (cesación de pagos o patrimonio insuficiente), no haber sido objeto de convenio en los últimos 5 años, no haber sido condenado por quiebra fraudulenta en últimos 10 años, y tener perspectivas razonables de cumplir un acuerdo. Pueden renegociarse deudas bancarias, tarjetas de crédito, créditos con casas comerciales, automotrices, hipotecarios, instituciones financieras no bancarias, proveedores privados, y obligaciones tributarias y municipales. No pueden incluirse pensiones alimenticias ni obligaciones por delitos.

El procedimiento de renegociación está regulado por la Ley 20.720 y se desarrolla con supervisión de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Las etapas son: solicitud ante la Superintendencia (presencial o en línea), admisión a trámite con revisión de requisitos, designación de un veedor facilitador del proceso, suspensión temporal de acciones judiciales y ejecutivas contra el deudor, notificación a todos los acreedores de la solicitud, elaboración de propuesta de convenio por el deudor con ayuda del veedor, junta de acreedores para votar la propuesta (plazo máximo 90 días), aprobación del convenio si se obtienen quórums requeridos, homologación judicial del convenio aprobado, y cumplimiento del convenio de renegociación. La duración promedio es de 3 a 6 meses desde solicitud hasta aprobación.

El convenio de renegociación es el acuerdo entre el deudor y sus acreedores que establece las nuevas condiciones de pago. Debe ser realista y viable para que sea aprobado y pueda cumplirse. Puede contener ampliación de plazos de pago (hasta 10 años), reducción de tasas de interés, quitas o condonaciones (reducción del monto total de capital o intereses), período de gracia (postergación del inicio de pagos), capitalización de intereses (incorporar intereses al capital), entrega de bienes en pago (dación en pago de vehículos, inmuebles), pago en cuotas mensuales accesibles, y garantías adicionales para mejorar condiciones. Para aprobarse requiere al menos 51% de los acreedores que representen al menos 51% del total pasivo. Se consideran aceptantes los que no voten.

La renegociación aprobada produce importantes efectos legales que protegen al deudor durante y después del proceso. Durante el proceso hay suspensión de juicios ejecutivos y gestiones de cobro, no se pueden trabar nuevos embargos, suspensión de protestos de documentos, las deudas dejan de devengar intereses (salvo garantía real), y protección temporal del patrimonio. Una vez aprobado el convenio es obligatorio para todos los acreedores incluidos (incluso los que votaron en contra), las deudas quedan reestructuradas según lo acordado, se conserva el patrimonio, se evita liquidación y sus graves consecuencias, y posibilidad de reconstruir historial crediticio cumpliendo el convenio. El incumplimiento resulta en resolución del convenio, reinicio de acciones judiciales, posible liquidación, y pérdida de beneficios obtenidos.